Calle Angosta 2008

Seguridad: Centrar la mira

    A pesar de los indicadores favorables exhibidos por la economía, persisten otros datos, en el cuerpo vivo de la sociedad, en la trama diaria y concreta de los hechos reales, que causan gran preocupación, no solamente a los espíritus sensibles, sino también a quienes intentan, en base a elementos objetivos, una lectura menos inmediata del desarrollo social.  
    Estos datos giran en torno a la educación, el trabajo, la pobreza, y su forma extrema, la indigencia. Según cifras del primer semestre de 2006, el 31,4 % de la población argentina es pobre, lo que representa más de doce millones de personas.
El 11,2 % es indigente, es decir, más de cuatro millones de argentinos no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos. En el 14,3 % de los hogares del país se cumple, por lo menos, una de las siguientes condiciones: a) sus miembros viven hacinados, b) carecen de infraestructura habitacional o sanitaria mínima, c) al menos uno de los niños no está escolarizado, d) el jefe del hogar no completó el tercer grado de educación primaria.

    Los más afectados por esta situación son los niños y los jóvenes. El 70 % de la población total del país menor de 18 años vive en situación de pobreza o indigencia, nueve millones y medio de niños son pobres. O sea que se asiste a un proceso de infantilización de la pobreza, con especial afectación del género femenino, tanto por razones económicas como culturales.
    En Cuyo los datos son todavía más desfavorables. El 43,7 de la población cuyana tiene ingresos inferiores al costo de la canasta básica de bienes y servicios, y el 15,2 % es indigente. En cifras absolutas, Mendoza contaba, según mediciones de hace dos años, unos seiscientos setenta mil pobres.

    Estas mediciones son más alarmantes si las observa en términos históricos.
En los comienzo de los comienzos de los años 60 la población “pobre” era del 5 %.
Los asalariados recibían 47 pesos de cada 100 del ingreso nacional. Actualmente esa participación no llega a 20 pesos. Entre 1990 y el año 2000, siete millones de personas dejaron de ser clase media pasando a ser pobres mientras un pequeñísimo sector de la población se hizo mucho más rico. En 1986 el 10 % más favorecido de la población se llevaba entre 12 y 15 veces más que el 10 % más pobre, y hoy se lleva
33,7 veces más. Esto causa un nivel de tensión social muy alto, ya que, aún creciendo los indicadores macroeconómicos, ello no se convierte en resultados visibles para la mayoría de la gente. La pobreza, entonces, se encuentra asociada con la desigualdad.
Hay desigualdad en todo, en el acceso a la tierra, a la vivienda, al crédito, a la tecnología, a la educación, a la salud. El aumento de la marginalidad, acarrea otros efectos, que todavía no se hallan correctamente dimensionados, como el crecimiento de la violencia infanto-juvenil, el embarazo adolescente, el hacinamiento familiar, el alcoholismo y la drogadicción, en sus formas más burdas y autodestructivas; y el surgimiento de una “nueva lógica”, que reniega del valor de la vida, incluyendo la propia. Imberbes drogadictos que matan o mueren por una bicicleta o un par de zapatillas, indiferentes a la magnitud de un castigo.

    Cientos de miles de jóvenes, en plena fase potencialmente productiva, no trabajan ni estudian. Se encuentran excluidos, acaso de por vida, de cualquier trabajo
que no sea de ínfima calidad técnica, y por eso, mal remunerado y precario; permanecen alejados, muchas veces, del sostén familiar, de los buenos ejemplos y de los afectos; y se hallan inmersos en una cadena de exclusiones que suele desbordar los límites de cualquier medio de contención. Constituyen la cara multitudinaria de un gigantesco fracaso social. Una marea humana en cuya educación e integración la democracia juega su propio futuro.  
   
    Es irrelevante, por eso, si es que se considera lo esencial del problema, discutir sobre los antecedentes del Subsecretario de Seguridad. O los exabruptos del Ministro del área, promoviendo la justicia por mano propia. Si no se insiste en el trabajo sobre las condiciones sociales incidentes en el crecimiento de las conductas delictivas, si se ignoran los factores de riesgo de la criminalidad, es decir, si no se pone el acento sobre las causas antes que sobre los efectos, el tema de la seguridad ha de seguir empantanado en la más banal, reiterada, grotesca y probadamente ineficiente demagogia política.

    Hay otro aspecto que ofende, también, a la razón. Es la insistencia, increíblemente generalizada, de negar la ley, de pensar que a la barbarie se la doblega con una barbarie superior. Años perdidos, enfrentamientos inútiles, correntadas de sangre inocente o culpable pero humana, y por lo tanto, digna de mejor destino, se han producido en el país por ignorar la ley. La ley puede ser más o menos buena, discutible, modificable, pero mientras rige es la ley, la norma que sustenta la convivencia de toda la sociedad. Negarla equivale a situar los delitos en una esfera personal. Y en última instancia, llevar la sugerencia del Ministro al absurdo completo. Cada víctima sería culpable por no haber sabido defenderse.
 

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